Frente a la alta mortalidad materna, proponen abolir penalización del aborto

Comité de las Naciones Unidas reitera recomendaciones sobre salud de las mujeres y urgen al Estado acciones efectivas

“Actuar sin demora y aplicar medidas eficaces para hacer frente a la tasa de mortalidad materna, prevenir que las mujeres tengan que recurrir a abortos inseguros y abolir las medidas punitivas impuestas a las mujeres que se someten a esta práctica” recomienda el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en sus Observaciones finales al Estado paraguayo, fruto del examen realizado al país en materia de derechos humanos de las mujeres durante su quincuagésimo período de sesiones, del 3 al 21 de octubre en Ginebra, Suiza. Si bien felicitó los esfuerzos del gobierno por ampliar los servicios de atención en salud, incluyendo el acceso a la planificación familiar, alertó sobre la insuficiencia de estas medidas para reducir la elevada tasa de mortalidad materna del país.

La violencia contra las mujeres, un flagelo muy extendido en Paraguay, también fue objeto de recomendaciones desde el comité de expertas de Naciones Unidas. Pidieron acelerar la adopción de una ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, garantizar sanciones judiciales para los agresores y brindar protección a las víctimas frente a las represalias. Urgieron además medidas de sensibilización dirigidas al funcionariado público ˗principalmente personal policial, agentes judiciales y proveedores de servicios de salud˗ para no permitir la tolerancia hacia la violencia hacia las mujeres, una conducta social y moralmente inaceptable.

Recomendaciones reiteradas

Paraguay tiene una de las tasas de mortalidad materna más elevadas de la región: 125,4 muertes de mujeres por cada 100 mil nacidos vivos en 2009, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La primera causa oficial de estas muertes prevenibles es el aborto, realizado en condiciones de clandestinidad y alto riesgo principalmente por mujeres en situación de pobreza, muchas de ellas adolescentes, campesinas o indígenas sin acceso a educación sexual. La problemática no retrocede de forma significativa, a pesar de cierta mejoría en el acceso a métodos anticonceptivos y una mayor cobertura de salud pública en los últimos años.

Son varios los comités de las Naciones Unidas que pidieron a Paraguay revertir la penalización del aborto, porque no elimina la práctica sino que la vuelve peligrosa para las mujeres. El Comité que vigila el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) ˗ratificada por Paraguay 1986˗ recomendó revisar la legislación punitiva del aborto en 1996, 2005 y ahora en 2011, pero no es el único. Tanto el Comité de Derechos Humanos (en 1995 y 2005) como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en 2006) solicitaron una revisión de la legislación nacional en la materia. Además, durante el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, realizado en Ginebra en junio de este año, el Gobierno paraguayo recibió de sus pares (se trata de un procedimiento de carácter político entre Estados) la recomendación de “analizar el alcance de los abortos ilegales y poco seguros e introducir medidas de protección del derecho universal de la mujer a la vida y la salud, por ser una de las causas de las elevadas tasas de mortalidad de las mujeres”.

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